Posteriormente, y quizá por cierta necesidad de buscar una explicación que le serenase por todo lo que había pasado, don Juan Carlos comentaría ante una comisión militar guatemalteca a la que concedió audiencia, que lo que había que hacer para controlar siempre todas la situaciones adversas, «es lo que hice yo en el 23-F, que los engañé a todos». Declaración sobre la que la reina Sofía incidiría varios años después, al asegurar que en el 23-F, «Juan Carlos había hecho creer a los militares que estaba con ellos».
Inicialmente, no cabe duda alguna de que la actitud del rey hacia su antiguo preceptor y ex secretario fue de una notable dureza. Dicha actitud quedaría reflejada en uno párrafos de la edición francesa de
El Rey
(página 195) que no figuran en la española. En la citada obra José Luis de Vilallonga, su redactor, afirma que Armada es el más despreciable de todos los conspiradores del 23-F, cuya traición ha sido una cuchillada en la espalda del rey. Y don Juan Carlos, ante tan duras calificaciones, apostilla: «Es infinitamente triste, José Luis, descubrir que un hombre en el que había puesto toda mi confianza desde hace muchos años me traicionaba con tanta perfidia.»
Pero tan extraordinaria dureza cambiaría en el rey con el paso de los años. Y así, durante el transcurso de una audiencia que el rey concedió al general Montesinos, antiguo ayudante en Zarzuela en el tiempo en que Armada era el secretario general de la Casa, el monarca se interesó por cómo le iba la vida a Alfonso Armada. Y le dijo: «Estoy muy pesaroso, triste y apenado porque en el 23-F hubo unos que me engañaron y confundieron cuando me aseguraron que Alfonso era la cabeza del golpe. Y bien que lo siento, porque Alfonso siempre me demostró su lealtad personal y una entrega absoluta a la corona. Pero ahora, fíjate, después de todo lo ocurrido, no puedo hacer nada por volver las cosas atrás y reivindicar la figura de Armada. Siento admiración por Alfonso porque, a pesar de todo lo que le ha ocurrido y lo mal que lo tuvo que pasar con la condena del 23-F y la pérdida de su carrera militar, una de las cosas más queridas para él, ha sabido mantenerse en silencio y no hablar. No como otros. La de Alfonso sí que es una postura de dignidad y de lealtad. Le estoy muy agradecido y nunca lo olvidaré. Me pesa el mal que ha sufrido, pero no sé cómo se podría arreglar ahora.»
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Del 23-F nos quedó que los generales Armada y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de prisión por golpismo. ¿Golpismo de verdad? ¿Golpismo motu proprio? ¡Quién puede creerse ya eso!
El fracaso de la operación del 23-F se resolvió materialmente a mediodía del 24 de febrero con el
pacto del capó
, firmado por Armada, quien fue requerido para tal efecto por Tejero. Aunque la operación ya había quedado sentenciada a la una y cuarto de la madrugada. Desde ese instante, casi todos los implicados —visibles y tapados— en la asonada iban a tratar de eludir su responsabilidad y negar su participación en la misma. Excepción hecha de las figuras de Milans del Bosch y de Tejero, además de la fuerza de la Guardia Civil que le había seguido a asaltar el Congreso de los Diputados.
El primero que negaría cualquier vinculación con el golpe sería Armada a través de una nota que hizo pública el día 25. Nota que no fue autorizada por Zarzuela, pero que Anson difundiría a través de la agencia Efe. Desde ese momento, el eje de su defensa se mantendría en negar que se hubiese sublevado y decir que su única misión había sido la de sacar a los diputados, porque «antes, durante y después del 23-F actué a las órdenes del rey». La agencia Efe y algunos otros medios de comunicación tratarían de «limpiar» el papel de Armada. Desde el CESID, con Calderón y Cortina a la cabeza, hasta su jefe en el estado mayor Gabeiras. Sin embargo, el primero que lo dejaría en evidencia, como ya hemos visto, sería el monarca durante la audiencia en Zarzuela a los líderes políticos la tarde del 24 de febrero. Aquella misma tarde, la Junta de Defensa reunida en Zarzuela acordó cesar al general Alfonso Armada Comyn como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.
Pese a ello, en el CESID, Calderón y Cortina seguirían esforzándose en despejar cualquier duda sobre la implicación de Armada en el golpe, insistiendo en que su papel había sido ejemplar, sin tacha ni mácula alguna. «Es una burda intoxicación relacionarlo con los golpistas», decían, al tiempo que preparaban una estrategia para fijar sus propios límites de actuación. A tal fin, acordaron que jamás se habían visto ni se conocían. La entrevista con Tejero en Pintor Juan Gris jamás había existido. El plan para llevar a Armada a presidir un gobierno de regeneración nacional no había sido otra cosa que rumores y especulaciones periodísticas. Estaban conformes en negarlo todo. Con firmeza. Armada iba a mantener que había ido al Congreso autorizado por Zarzuela y el Ejército, para intentar sacar a los diputados y al gobierno. Hasta ese día, no había participado en nada. Cualquier otro reconocimiento podría ser un hilo conductor incómodo hacia Zarzuela.
Precisamente el mismo día en que Milans del Bosch llegó al Cuartel General del Ejército —24 de febrero por la tarde—, y mientras esperaba a que Gabeiras le comunicase que estaba arrestado, Armada se acercó hasta él, brevemente, con un corto mensaje: «No conviene que nos vean juntos. Tenemos que olvidar todo lo anterior. Para nosotros todo empezó el 23 de febrero.» Después seguirían otros más. Uno a los pocos días, cesado ya Armada, en el despacho del jefe de servicios del palacio de Buenavista, del que fue testigo el coronel José Ramón Pardode Santayana. Éste le había pedido a Milans del Bosch que lo aceptara como oficial a sus órdenes y estaba presente en el momento que Armada le decía: «Jaime, tú y yo debemos ponernos de acuerdo en una cosa por nuestro bien y el de mucha gente. Tenemos que tener muy claro que nosotros empezamos a actuar después de las seis y media de la tarde, después de que Tejero ocupara el Congreso. Entre nosotros nunca han existido conversaciones anteriores ni reuniones de tipo alguno.» También Cabeza Calahorra —
Almendros
—, que sería codefensor de Milans en el juicio, les insistiría a ambos en la misma línea. «Que se pongan de acuerdo. Que Jaime y Alfonso se pongan de acuerdo.» Pero Milans, pese a los hechos que llegaría a silenciar o sobre los que no diría toda la verdad, no negaría a Tejero. «Yo no hago cambalaches», refutaría molesto.
Confiado en la vía Armada, a Cortina le faltaba la de Tejero. Junto con el capitán Gómez Iglesias, le visitaron en prisión con la misma consigna: «Estamos trabajando a vuestro favor. Pero es muy importante que no nos impliques a nosotros. Nada antes del 23-F.» Algún efecto debió de hacer el mensaje. En su primera declaración ante el instructor especial de la causa, José María García Escudero, Tejero no habló ni de Cortina ni de Gómez Iglesias ni de nadie del CESID. El nombre de Cortina lo revelaría Tejero en la segunda declaración, prestada el 4 de abril de 1981 en la prisión del Castillo de la Palma en el Ferrol. No obstante, en dicha declaración seguiría silenciando la participación de su amigo el capitán Iglesias. Hasta la declaración del 10 junio. Finalmente, los dos hombres del CESID, Cortina y Gómez Iglesias, serían procesados en el último momento. El comandante Cortina en mayo y el capitán Iglesias en junio de 1981.
En el seno del CESID se intentó también ocultar la participación de agentes y unidades operativas en el golpe. Sus responsables, con Calderón y Cortina a la cabeza, trataron de imponer la consigna del silencio y el «aquí no ha pasado nada». Pero el capitán Diego Camacho y el suboficial Juan Rando, entre otros, presionarían desde el primer instante para que se esclareciera cuál había sido la actuación y el papel del servicio de inteligencia en los hechos del 23-F. Sobre ellos, tanto Calderón como Cortina ejercieron todo tipo de presiones. En un principio, negando la mayor, luego con la intimidación y la amenaza y, por último, con el intento de comprar su silencio. Así, Calderón llegaría a hacer a Camacho una última oferta a cambio de su silencio: «Si te olvidas de todo, te nombró jefe de operaciones del CESID». Tentadora propuesta que el capitán no aceptó.
Ante el cariz que estaba tomando el asunto dentro del servicio, y el temor de que pudiera estallar un gravísimo escándalo, el 31 de marzo de 1981 el coronel Narciso Carreras, director interino, firmó un escrito bajo el sello de «secreto» dirigido al teniente coronel de Artillería Juan Jáudenes Jordana, jefe de la división de interior del CESID: «Sírvase realizar una información de carácter no judicial acerca de la posible participación de miembros de la AOME en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado.» Pero todo sería una pamema. Convenientemente aleccionado por la dirección del centro, Jáudenes tomaría declaración a los ocho agentes sobre quienes se dirimía el conflicto. Primero, a los que inculpaban: el capitán Camacho, el capitán Rafael Rubio y el sargento Juan Rando. Después, y a modo de réplica, a los sospechosos. Cortina negaría radicalmente todo, en un tono irritado y prepotente; García Almenta era un mar de disculpas ante hechos coincidentes que eran fruto de la casualidad; el sargento Sales y los cabos Monge y Moya, del SAM, negarían su participación en base a las coartadas preacordadas y a
Operaciones Mister
oportunamente desviadas de su escenario.
El
Informe Jáudenes
concluyó con unos párrafos de exculpación. Y el asunto se daba por concluso y cerrado. Posteriormente no se abrió investigación alguna a la vista de los evidentes y palpables elementos contradictorios que se mostraron. Simplemente, el informe no los tenía en cuenta. Y fueron rechazados. Y los que se demostraron inculpatorios y concordantes, no los tomaba en consideración. La conclusión del
Informe Jáudenes
resultó, pues, determinante: no había pruebas de que algún miembro del CESID hubiera participado en los preparativos y desarrollo del golpe. Un carpetazo que se sustentaba en una calculada ambigüedad. Jáudenes hizo un trabajo burocrático, de oficinista, en el que se lavó las manos con una añagaza de documento. Pero era lo que sus jefes le habían pedido para poner punto final a un asunto que se les estaba empezando a escapar de las manos. Cortina y Almenta dejaron el CESID en mayo de 1981. Sus funciones en la AOME serían asumidas por el comandante Juan Ortuño y el capitán Juan Alberto Perote. Ortuño, un hombre de Calderón, recibiría la orden de éste de eliminar todo vestigio que pudiera aparecer sobre el 23-F en el seno del CESID. Lo que cumplió.
El rocambolesco 23-F concluiría con 33 procesados en el banquillo, una instrucción irregular a cargo del juez García Escudero, la dimisión de un fiscal togado y la «huida» del presidente del tribunal, general Luis Álvarez, que también lo era del Consejo Supremo de Justicia Militar. La razón fue que «a ti yo no te podía condenar y me puse enfermo», le reconocería años después a Armada. También en otro pasaje y en otro tiempo, ese personaje esotérico que fue Calvo Sotelo, que durante años persiguió a Armada para que lo enchufara en un ministerio, querría justificarse con un «a ti te han condenado las instituciones». Alguna de ellas, como Zarzuela, por cierto, estuvieron recibiendo a diario una copia del proceso en la fase de instrucción y en la de la vista oral.
La delicadeza del proceso obligó al gobierno a estar algo más que atento a la fase de instrucción del sumario y a las sesiones de la vista oral. A iniciativa suya, se designó como juez instructor de la causa, con jurisdicción especial, a García Escudero, general togado del Ejército del Aire y letrado de las Cortes. Las defensas de aquellos a quienes se les fue notificado el auto de procesamiento, recurrieron la designación del instructor por ser un juez especial y no el ordinario predeterminado por la ley. Y porque García Escudero se había pronunciado sobre el 23-F en diversos artículos publicados bajo el seudónimo de
Nemo
. Los recursos fueron rechazados uno tras otro.
El problema principal era delimitar a quién procesar y su número. El gobierno y la clase política, así como los medios de comunicación en general, se movieron inicialmente con mesura y prudencia. Era algo que el rey había pedido a los líderes políticos en la tarde del 24 de febrero, al darles unos cuantos severos toques de atención: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción, con carácter de generalidad, a las fuerzas armadas y a las de seguridad.» Por eso se dejaría al margen a los jefes y mandos de la III Región Militar, y se juzgaría únicamente a su capitán general, Milans del Bosch, a uno de sus jefes de Estado Mayor, coronel Ibáñez Inglés, y a uno de sus ayudantes, teniente coronel Mas Oliver. Algo parecido ocurriría en la Acorazada al evitarse el procesamiento del jefe de la unidad, general Juste, y del resto de jefes y mandos de la división. Únicamente se sentarían en el banquillo su jefe de Estado Mayor, coronel San Martín, al comandante Pardo Zancada y a los cuatro capitanes que lo acompañaron de madrugada al Congreso.
En apenas cinco meses, de finales de febrero a mediados de julio de 1981, García Escudero concluyó la instrucción sumarial. En la Causa 2/81, de más de quince mil folios, se recogieron las declaraciones de los procesados, de los testigos, los careos entre Armada y Milans, Ibáñez Inglés, Mas Oliver, Pardo Zancada y Tejero, así como el de Tejero con José Luis Cortina. Además de las declaraciones juradas de los testigos que no comparecieron en el acto del juicio, como la del secretario del rey Sabino Fernández Campo. El escrito de acusación del fiscal togado José Manuel Claver Torrente, del cuerpo jurídico de la Armada, solicitaba más de 316 años de reclusión para los encausados. Y el escrito de las defensas, la libre absolución para sus patrocinados. Varios de ellos se acogerían a la figura del estado de necesidad y de obediencia debida. Finalmente, García Escudero decidió procesar a 32 militares; un teniente general, Milans del Bosch; dos generales de Brigada, Alfonso Armada y Torres Rojas; un capitán de navío, Camilo Menéndez, el exponente testimonial de la armada, que fue a solidarizarse con Tejero al Congreso; tres coroneles, José Ignacio San Martín, Diego Ibáñez y Miguel Manchado; dos tenientes coroneles, Antonio Tejero y Pedro Mas Oliver; dos comandantes, Pardo Zancada y José Luis Cortina; trece capitanes, cinco del Ejército, Juan Batista, Javier Dusmet, Carlos Álvarez Arenas e Ignacio Cid Fortea, y ocho de la Guardia Civil, Francisco Acera, Juan Pérez de la Lastra, Carlos Lázaro Corthay, Enrique Bobis, José Luis Gutiérrez Abad, Jesús Muñecas, Vicente Gómez Iglesias y Francisco Ignacio Román; ocho tenientes de la Guardia Civil, Pedro Izquierdo, César Álvarez, José Núñez, Vicente Ramos, Jesús Alonso, Manuel Boza, Santiago Vecino y Vicente Carricondo. Y al paisano Juan García Carrés, por sus soflamas telefónicas de aliento a Tejero la tarde-noche del 23 de febrero.